La protesta de los taxistas colapsa el tráfico en Málaga durante cinco horas


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Los taxistas de la capital, cansados de ver pasar las carreras más suculentas que se producen en el aeropuerto delante de sus narices sin pillar tajada, trasladaron ayer sus iras a la calle. Unos 500 profesionales del sector, según los cálculos de la organización, encabezados por una comitiva de taxis, marcharon desde la avenida de la Aurora, pasando por la Alameda Principal, hasta el Parque, dejando a su paso un sonoro caos circulatorio. La protesta partió a las 11.00 y se disolvió a las 15.00 horas, intervalo durante el cual la capacidad de este eje quedó notoriamente mermada, lo que atrapó a miles de conductores. Ni que decir tiene que en este periodo tampoco prestó servicio ningún taxi en la ciudad.

Los conductores se concentraron primero frente a la Delegación de Fomento de la Junta, que tiene la potestad sobre la ordenación del transporte en Andalucía. Tras entregar un escrito al delegado, Manuel García Peláez, marcharon a pie y en sus vehículos por la calle Hilera hacia la Alameda Principal (cuyos carriles centrales han permanecido cerrados al tráfico durante casi una hora). El siguiente objetivo era presentar otra carta al delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, aunque este no se encontraba en la sede y fueron atendidos por el secretario de la Delegación.
Desde allí continuaron hasta el Parque y, al pie del Ayuntamiento los manifestantes encontraron a un aliado en el alcalde, Francisco de la Torre, quien les dirigió unas palabras de ánimo y les trasladó directamente el apoyo del equipo de gobierno municipal hacia su causa. El regidor calificó el decreto de «injusto», y anunció que ha enviado una carta a la consejera de Fomento, Elena Cortés, solicitando su derogación. Además, el equipo de gobierno llevará una moción al Pleno del próximo 27 de diciembre en la que se pedirá que se invalide esta norma, y en la que también tomarán la palabra los representantes del sector.
Granero de clientes
Con todo, ante el caos circulatorio que se había produjo, De la Torre dijo entender los motivos de la protesta pero pidió a los convocantes que la ciudadanía se vea en lo sucesivo lo menos afectada posible por sus reivindicaciones, ya que, dijo, Málaga no tiene la culpa del problema. Cabe recordar que hace ya casi una década el alcalde le pidió a la Junta la derogación de este mismo texto.
Los taxistas tienen en las terminales del aeródromo su mayor granero de clientes, pero denuncian que los mejores servicios, los que se dirigen a localidades como Marbella, Estepona o Nerja, se los llevan vehículos bajo precontratación de estas localidades; de manera que para ellos solo quedan los de menor cuantía, con destino a Málaga, Torremolinos o Benalmádena, por ejemplo. Ello es posible gracias a una polémica norma, la 11/85, más conocida como «decreto Peláez», que permite que cualquier taxi de la provincia o de otras de Andalucía opere en estas instalaciones. En cambio, los de la ciudad no pueden acudir a recoger a un cliente a otro municipio.
José Antonio Maté, presidente de la asociación de autónomos del taxi (Aumat), convocante de la protesta junto a la cooperativa Taxiunión y al sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), que representa a los asalariados, pidió a la Junta que se abra una mesa de negociación con el objetivo de que se derogue «un decreto injusto», y añadió: «Ha dado como resultado que los taxistas de Málaga estemos en nuestro aeropuerto viendo pasar el trabajo». Reiteró que no tienen nada en contra de los compañeros de otros municipios, pero recalcó que el decreto supone un agravio comparativo permanente y una competencia desleal, en la medida en que hay puntos de la Costa en los que el taxi de Málaga ha perdido todos los servicios. Maté se disculpó ante los ciudadanos por las molestias ocasionadas. No se descarta acudir a una huelga indefinida en el aeródromo. Francisco Soria, presidente de Taxiunion, añadió que deben alcanzar un acuerdo para abrir su campo de trabajo y tener más mercado, «porque ahora estamos en total desventaja».
Por su parte, el delegado de Fomento, Manuel García Peláez, indicó que este recinto es de ámbito regional, por lo que es necesario llegar a un consenso con todas las asociaciones de la provincia. A su juicio, el camino pasa por reforzar los controles para frenar el intrusismo y a aquellos que no cumplen las condiciones de la previa contratación.
Fuente: diariosur

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